Corte Suprema decidirá sobre reforma penal en medio de intenso debate legislativo

La atención del país está centrada en la inminente resolución de la Corte Suprema sobre la reforma penal propuesta por el Congreso, un tema que ha generado un intenso debate en los últimos meses. Este miércoles 18 de diciembre, la Sala Plena, liderada por el juez supremo Javier Arévalo Vela, se pronunciará sobre la viabilidad de las modificaciones que, según el Poder Judicial, no se alinean con la Constitución ni responden a una política criminal adecuada. El magistrado Arévalo ha manifestado que es imperativo que el Congreso comprenda que, aunque la creación de leyes es su prerrogativa, estas deben ser consultadas con el Poder Judicial, especialmente cuando se trata de legislaciones que influyen directamente en el sistema penal del país. Según sus declaraciones, la falta de consulta ha llevado a la creación de leyes que carecen de un fundamento técnico y que pueden ser perjudiciales para la justicia. El presidente de la Corte Suprema enfatizó que, en el Poder Judicial, existen magistrados con vasta experiencia y conocimiento en derecho penal que podrían contribuir significativamente a la elaboración de leyes más justas y efectivas. Muchos de ellos son académicos reconocidos y autores de libros sobre la materia, lo que resalta la necesidad de incluir su perspectiva en el proceso legislativo. Arévalo subrayó que las reformas deben ser una responsabilidad compartida y no impuestas unilateralmente. En su opinión, la legislación penal no puede ser tratada de manera superficial; cada cambio debe ser el resultado de un análisis profundo y serio. "No se puede emitir leyes por emitir, y menos en materia penal", advirtió, reflejando una postura que busca proteger la integridad del sistema judicial. El llamado a la seriedad en la creación de leyes no es solo un tema de formalidad; Arévalo puso de relieve que decisiones erróneas pueden tener consecuencias graves en la aplicación de la justicia y en la confianza pública en las instituciones. "El Poder Judicial es muy tajante en este aspecto. No compartimos muchos de estos dispositivos legales", dijo, haciendo eco de la inquietud que persiste en los círculos judiciales sobre la calidad de las reformas propuestas. A lo largo de la inspección de la Unidad de Flagrancia de la Corte de Arequipa, el juez supremo reiteró que todo proyecto de ley que afecte al Poder Judicial debería ser enviado para su revisión antes de ser aprobado. Este proceso de consulta, según él, es un gesto de cortesía que podría permitir el desarrollo de legislaciones más robustas y alineadas con los principios constitucionales. Además, Arévalo cuestionó la idoneidad de los congresistas que proponen estas reformas, sugiriendo que muchos de ellos carecen de la experticia necesaria para abordar temas de tal complejidad. La preocupación por la constante presentación de proyectos legislativos sin un análisis profundo es un aspecto que resuena en su discurso, señalando una falta de responsabilidad en la elaboración de leyes que rigen la vida penal del país. La situación actual plantea un desafío no solo para el Congreso, sino también para el Poder Judicial, que enfrenta la necesidad de adaptarse a los cambios propuestos. Sin embargo, Arévalo ha dejado claro que cualquier transformación debe ser discutida y consensuada, en lugar de ser impuesta de manera arbitraria. Así, la espera por el pronunciamiento de la Corte Suprema no es solo una cuestión de procedimiento, sino que encierra un profundo significado sobre la relación entre las diferentes ramas del gobierno y la importancia de la colaboración en la búsqueda de un sistema penal más justo y efectivo. El futuro de la legislación penal en el país podría depender de la capacidad de los legisladores y magistrados para trabajar juntos en la construcción de un marco legal que realmente sirva a la ciudadanía.